El 21 DE MAYO DE 2020 fue publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto 15-2020 del Congreso de la República que contiene la ley que regula «MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19» la cual entra en vigencia el día 22 de mayo de 2020. Su propósito es establecer medidas económicas que permitan a las familias guatemaltecas, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas, afrontar las consecuencias económicas provocadas por la pandemia COVID-19 y garantizar el suministro de los servicios básicos (agua, luz, teléfono, cable e internet).

Las medidas serán aplicables mientras dura el estado de calamidad pública decretado y sus eventuales prórrogas y consisten en:

SERVICIOS BÁSICOS

  1. No podrá suspenderse bajo ningún motivo la prestación de los servicios básicos.
  2. No podrán aplicarse cargos por mora, intereses, gastos administrativos y ningún tipo de penalización a la cuenta de los servicios básicos.
  3. Los usuarios podrán suscribir convenios de pago con las entidades prestadoras de los servicios hasta por un máximo de 12 cuotas, iniciando en el mes posterior al mes en que haya cesado el estado de calamidad pública, quienes están obligadas a suscribir el convenio en forma inmediata.
  4. Las empresas de los servicios de «agua potable» y «cable» podrán acceder a un crédito que pondrá a disposición el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por un monto similar a la cantidad que sume la totalidad de los convenios de pago que celebre con cada usuario.

ACCESO AL FONDO DE PROTECCIÓN DE CAPITALES

El CHN podrá otorgar créditos, con cargo al Fondo de protección de capitales, a los centros educativos a que hace referencia el Decreto 12-2020, es decir a los centros educativos y Universidades que hubieren dejado de percibir el pago de cuotas de los servicios educativos por parte de los padres de familia y/o alumnos que se hubieren acogido a la medida de impacto social. Los centros educativos podrán acceder a créditos para dar cumplimiento al pago de los honorarios y nómina de salarios de su personal docente, administrativo y de servicios.No obstante, es necesario informar que a la presente fecha existen una serie de recursos constitucionales planteados por distintos sectores del país, y que están pendientes de resolverse por la Corte de Constitucionalidad, los cuales pueden o no prosperar e incidir en los efectos legales de esta normativa.

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